Ordenan continuar con caso. La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador avaló seguir con el proceso penal contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acusado de lavado de dinero, peculado y estafa al Estado, según confirmó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía, los magistrados rechazaron el argumento de una apelación presentada por la defensa del exdiputado que pretendía anular el proceso penal por tratarse de una  “doble persecución”, debido a que Reyes está siendo procesado por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito.

Los defensores Pedro Cruz y Lourdes Hernández le pidieron a la Cámara que anulara la resolución del Juzgado Sexto de Instrucción, quien ya había negado la solicitud de nulidad en el caso contra el exdiputado Reyes.

egún la Fiscalía, el entramado del expresidente de la Asamblea Legislativa  está compuesto por otras 13 personas; entre empleados públicos, socios, familiares y amigos, que introdujo en el mercado financiero $6.5 millones de origen desconocido. Todos son acusados por lavado de dinero, peculado, estafa al Estado y falsedad documental. Reyes es señalado por tener un incremento patrimonial de $781,844.77 sin justificación legal.

Parte de los fondos Reyes los obtuvo supuestamente por el cobro de viáticos para viajes oficiales que él mismo se autorizó, según la FGR. Y también lo acusan de conspirar para que la empresa TERREIN, S. A. de C. V, del exdiputado y su exsocio Byron Larrazábal, comprara cinco lotes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) con una rebaja ilegal de $105,300, en Nuevo Cuscatlán.

De acuerdo con la Fiscalía, la resolución de la Cámara avala que el proceso  continúe  en la etapa de instrucción. El juzgado debe ahora programar la audiencia preliminar donde decidirá si pasa a la etapa de juicio o exonera de cargos a los imputados, incluyendo a Reyes.

El exdiputado Reyes tiene otras dos causas judiciales paralelas: una civil donde FGR le exige devolver $472,464.04 que adquirió sin justificación como diputado y otra que busca quitarle bienes de supuesto origen ilegal. Sin embargo, la Policía Internacional (INTERPOL) informó al juzgado en marzo pasado que no pudo capturar al expresidente de la Asamblea  (2011-2015) porque el Gobierno de México le otorgó asilo.

El informe de la INTERPOL se debió a la  petición del Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador que el 15 de enero pasado ordenó capturar al dirigente de izquierda para que enfrente la justicia.