Salud

El ministro de Salud, Francisco Alabí, fue denunciado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por declarar reservada la documentación generada por el Laboratorio Nacional de Salud Pública  respecto a las pruebas realizadas para detectar el virus de Covid-19. 

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) denunció al ministro por reservar información sobre la divulgación de resultados de pruebas de Covid-19,  porque según ellos, de esa manera se pone en riesgo y peligro la vida de los ciudadanos. 

El coordinador de ALAC, Wilson Sandoval, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que han solicitado que se apliquen procesos sancionatorios contra Alabí debido a que  ha declarado como reservada “información que es de carácter público, sin motivación alguna”. 

Parte de la denuncia  contra Alabí menciona que es  “por el cometimiento de la infracción grave de la letra e) del artículo 76 de la LAIP, consistente en invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública”.  

Sandoval agregó  que “en este caso, lo que se ha reservado son, por ejemplo, datos sobre el número de pruebas que debe realizar el Laboratorio Nacional e información  con respecto a los tipos de pruebas que realiza y los resultados de las pruebas. Toda esta información, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humamos (CIDH), es información de carácter público”. 

Según lo publicado en el índice de información reservada  del Ministerio de Salud, ese acuerdo de reserva surgió el  11 de junio  de este año  y  tiene un plazo de duración de  dos años, por lo que  finalizará  el 11 de junio de 2022.

La justificación legal para  la reserva,  según el MINSAL, en el artículo 19 literal D de  la LAIP , que menciona que “toda información que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona será reservada”. 

Alabí mencionó, el mes pasado, que todos estos datos  se han prestado para “generar conflicto y discriminación”, por lo cual decidieron que esa información fuera reservada.

Sin embargo, Sandoval cree  que  lo que se busca es que esa información al final pueda ser pública y  la pueda conocer toda la sociedad. 

“Tenemos derecho a conocer información porque     las pruebas que se realizan al final se  van financiando con recursos de la ciudadanía; entonces es pertinente poder saber si esta realmente responde a las necesidades que tenemos y si se están ejecutando los fondos como corresponde”, agregó el coordinador de ALAC. 

Además, hizo mención a la investigación que realiza actualmente la Fiscalía en las instalaciones del Ministerio de Salud.  “Es curioso que se tiene una investigación de la Fiscalía  y que está relacionada con el tema de las pruebas . Al final de cuentas lo que queremos es saber cuantas hay y  cuantas se han adquirido”, cuestionó Sandoval.