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Representantes de ALAC sostienen que Pablo Anliker reservó información que no reúne los requisitos para ser negada a la ciudadanía.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anliker, fue demandado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por “invocar como reservada información pública que no cumple con las características señaladas ante la ley”, un día después que LA PRENSA GRÁFICA reveló que el funcionario declaró como reservados todos los documentos relacionados con la compra de los paquetes alimentarios repartidos durante la emergencia nacional por covid-19.

La demanda fue interpuesta por representantes del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) que consideran que Infante ha cometido una infracción muy grave contemplada en el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) al decretar como reservado, desde mayo de este año hasta mayo del 2022, el expediente “Examen Especial al MAG Proceso de Adquisiciones, Distribución y Liquidación de la Ayuda Alimentaria para Familias en Situación de Vulnerabilidad Afectadas por el covid-19”.

Según Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, la información a la que se está negando el acceso no cumple con los requisitos que solicita la LAIP para declararla como reservada. Por el contrario, el expediente tiene información debe ser considerada oficiosa.

“La reserva de información contiene documentación de adquisiciones, distribución y liquidación de ayuda alimentaria durante la pandemia, lo que indica que estamos en presencia de información que contiene procesos de compra ya formalizados y adjudicados y que incluso que ya fueron cancelados a los contratistas”, explicó Sandoval.

PIDEN RECUSACIÓN

Una vez presentada la denuncia, le corresponde al pleno del IAIP analizar la viabilidad de la misma y convocar a los representantes de ambas partes para realizar una audiencia en la cual se define si hay o no falta según la Ley.

Por ello ALAC ha solicitado también que no se permita la participación en el proceso de análisis a los comisionados Luis Javier Suárez Magaña y Gerardo José Guerrero Larín, debido a que hay una demanda pendiente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia por su elección y nombramiento como representantes del sector de periodistas. Los demandantes sostienen que ambos no tienen las cualidades que exige por ley el cargo.