FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) llegó este lunes por la mañana a las oficinas centrales del Ministerio de Salud, en la calle Arce, San Salvador, para la búsqueda de documentos relacionados al manejo de la emergencia por COVID-19.

De acuerdo a los primeros informes, los fiscales llegaron a la dependencia de dicha cartera de Estado, donde se encuentra el despacho del ministro y otras direcciones, para extraer documentos sobre las compras de emergencia.

Hasta el mediodía, la Fiscalía no había brindado declaraciones sobre el procedimiento que se realiza, el cual ha sido manejado con hermetismo. Los fiscales que llegaron al ministerio e ingresaron material de embalaje tampoco han respondido preguntas de los periodistas al respecto.

Durante la tarde, equipos de la Fiscalía también acudieron para hacer registros al Ministerio de Hacienda.

Recientemente, los diputados que integran la comisión especial que investiga el manejo del dinero que la Asamblea aprobó para atender la pandemia pidieron a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República que les den audiencia para conocer cómo avanzan las auditorías que ese ente contralor realiza a las instituciones que ejecutan fondos de deuda para la emergencia.

Los supuestos casos de corrupción

El Ministerio de Salud ha sido señalado anteriormente por compras hechas durante la emergencia del COVID-19.

Entre los cuestionamientos está la compra de mascarillas no certificadas a un sobreprecio del 65 %. Salud pagó $1,300,000 de sobreprecio por 1 millón de mascarillas Respitec fabricadas en Guatemala. El 24 de julio, El Diario de Hoy recibió una cotización de la empresa guatemalteca Comercial Gina, que fabrica y vende las mascarillas de PVC “quirúrgico” marca Respitec.

También, en junio pasado, una investigación de la plataforma de periodismo digital Salud con Lupa reveló que Salud le compró $250,000 en caretas protectoras a la empresa INSEMA, propiedad de la familia Jorge “Koky” Aguilar, en el marco de la emergencia nacional declarada en el mes de marzo.

También, según la revista de periodismo independiente Gato Encerrado, el ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó la compra de botas de hule por 225,000 dólares a una empresa de una de sus familiares. El medio sostuvo en su publicación del 11 de julio que Alabí confirmó la compra y que señaló que la Corte de Cuentas tiene la documentación relacionada.