Mauricio-Arriaza-Chicas

La Asamblea Legislativa presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una certificación por posibles delitos cometidos por el exviceministro de Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y por sus cinco abogados defensores.
La certificación sobre la renuncia al cargo de viceministro de Seguridad Pública de Mauricio Arriaza Chicas fue aprobada el martes por el pleno legislativo al conocer, por parte de sus abogados, que el funcionario había dejado dicho cargo un día antes de que se sometiera a votación el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio.

La Asamblea solicitará al fiscal general de la República, Raúl Melara, investigar el posible cometimiento del delito de encubrimiento por parte de los abogados representantes de Arriaza, contemplado en el artículo 308 del Código Penal.

“Quienes ayudaren a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de esta podrían ser sancionados con prisión de seis meses a tres años, por tener conocimiento de haberse perpetrado un delito”, reza el artículo citado por el Legislativo. 

David Ramírez, uno de los abogados defensores de Arriaza  manifestó que la situación que señalan los diputados sobre el supuesto delito de encubrimiento  no tiene sentido y que no han cometido ninguna falta a la ley.  
“Bajo ningún punto de vista se da el supuesto delito de encubrimiento, que en términos básicos es ocultar o facilitar ocultar un delito cometido por otra persona. Como defensa hemos dirigido nuestra posición a los elementos de prueba y sobre la base de ellos hemos señalado que no se configura el delito atribuido al señor Arriaza Chicas, evidenciando las irregularidades en el procedimiento con el que pretendían hacer incurrir al director de la Policía”, enfatizó.

Con la renuncia de Arriaza Chicas a su cargo de viceministro de Seguridad él también renunció a su fuero y el proceso en su contra cambia. Su caso ya no debe pasar a una cámara de lo penal, sino que debe ir a un juzgado y comenzar como cualquier proceso penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que están a la espera de la certificación de la Asamblea Legislativa para presentar el requerimiento en contra de Arriaza ante un Juzgado de Paz, el cual deberá determinar si existieron los delitos de fraude procesal y actos arbitrarios. 

Estos ilícitos son los mismos por los que el Pleno Legislativo había solicitado el desafuero del funcionario. 

El abogado penalista José Aníbal Ábrego manifestó que la Asamblea debe poner en conocimiento el delito cometido por el exviceministro ante la FGR, de conformidad con el artículo 265 del Código Procesal Penal. Si no lo hace, incurriría en el delito de omisión de aviso de acuerdo con el artículo 312 del Código Penal. 

El abogado también explicó que Arriaza Chicas, al “no haber notificado de manera inmediata su renuncia al cargo en sentido estricto, no cometió delito, pero eso podría traerle sanciones administrativas o éticas”. 

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