Asamblea-Legislativa

El órgano Legislativo formó la semana pasada una comisión especial de diputados para investigar los referidos señalamientos y la misma fue criticada por seguidores del presidente Nayib Bukele.

Un grupo de organizaciones pidió este lunes que la investigación impulsada en la Asamblea Legislativa de El Salvador, ante señalamientos de acoso a la prensa y uso de fondos estatales para financiar ataques digitales contra la oposición, sea efectiva y responda al interés de proteger a los periodistas.

El órgano Legislativo formó la semana pasada una comisión especial de diputados para investigar los referidos señalamientos y la misma fue criticada por seguidores del presidente Nayib Bukele.

“Esperamos que el trabajo de la referida comisión legislativa sea efectivo y que sus objetivos respondan a un interés genuino de proteger a los periodistas y que no se daba a propósitos políticos ajenos a la procura de la libertad de prensa y garantía del ejercicio periodístico”, señalaron los miembros de la Mesa de Protección a Periodistas en un comunicado.


Dicha mesa está integrada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), entre otras.

Las mismas valoraron positivamente la formación de la comisión porque, a su juicio, “es necesario que las instituciones públicas actúen en defensa de la libertad de expresión e información”.

También llamaron a los legisladores a retomar la discusión de una ley de protección a periodistas presentada en octubre de 2018 y que “hasta ahora no ha sido analizada” por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Instamos a la comisión a realizar una discusión seria, a fondo, amplia, incluyente y plural”, sostuvieron los miembros de la referida mesa y pidieron que también se incorpore a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.


El grupo de legisladores indagará “la actuación de funcionarios, agentes de autoridad y servidores públicos que obstaculizan y amenazan a medios de comunicación y periodistas”.

También investigará “si estructuras gubernamentales con poder político están interviniendo en el ejercicio del periodismo libre e independiente para que no realicen su trabajo”.

Entre sus atribuciones también se encuentra la de determinar si se financia con fondos públicos el acoso a opositores en las redes sociales y “el grado de participación de funcionarios y servidores que obstaculizan a medios de comunicación en su labor periodística”.

Según la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, “el periodismo salvadoreño enfrenta una crítica situación en la que se han afectado el derecho al ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la información”.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió recientemente las supuestas amenazas contra medios y periodistas por parte del presidente Bukele y otros funcionarios de su Administración.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, condenaron esa práctica oficial “de estigmatizar, desacreditar y bloquear el acceso a información a periodistas y medios críticos de la gestión presidencial”.