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José Apolonio Tobar, procurador de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento ante la declaratoria de la Emergencia Nacional prorrogada por el Gabinete de Gobierno, que consideró sobrepasaba el mandato del Ejecutivo, en la emergencia sanitaria, por lo que llamó a respetar la Constitución de la República y la legalidad de un Estado de Derecho.


El tutelar de Derechos Humanos reseñó los decretos legislativos emitidos por la Asamblea Legislativa desde el inicio de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Coronavirus, que inició con el Decreto Legislativo 593, de fecha 14 de marzo del presente año, que fue prorrogado por la misma, con el Decreto 622 de fecha 12 de abril 2020. 631, de fecha 16 abril 2020.


Y que finalmente fue prorrogado siempre por la Asamblea Legislativa por 15 días más mediante decreto legislativo del 30 de abril al 16 de mayo 2020.
El procurador explicó que el sistema constitucional y democrático le concedes sus competencias y responsabilidades a cada funcionario u órgano de estado, tomando en cuenta que la democracia y Estado de Derechos son condiciones necesarias para lograr la vigencia y respeto de los derechos humanos.


«Recomiendo nuevamente al señor presidente de la república, Nayib Armando Bukele Ortez, que se abstenga de hacer uso de facultades no concedidas en la Constitución de la República y en la ley, pues con eso solo genera incremento al nivel de conflictividad que mantiene de manera sistemática con los demás órganos de estado e instituciones de control poniendo en riesgo el sistema constitucional que debe imperar en nuestro país, el cual ha sido ratificado con la sangre de muchas personas que han permitido esencialmente la alternancia del ejercicio del poder», reafirmó.


El procurador solicitó «A la Corte Suprema de Justicia que adopten oportunamente las medidas cautelares cuando ello fuere urgente y necesario para hacer prevalecer la eficacia jurídica de la sentencia que tuviera que pronunciar en su oportunidad, y para evitar el agravamiento de la emergencia sanitaria y crisis institucional que pudiera producirse ante el irrespeto o de conocimiento de la Constitución de la República evitando con ello, volver al pasado».

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